Acusan a 23 integrantes de una violenta banda en Aguadilla por tráfico de drogas y crímenes asociados con armas de fuego.

Acusan a 23 integrantes de una violenta banda en Aguadilla por tráfico de drogas y crímenes asociados con armas de fuego.

Por Cybernews

SAN JUAN – Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal el 28 de septiembre de 2024, contra 23 integrantes de una peligrosa pandilla en Aguadilla por conspiración para la distribución de drogas, posesión y comercialización de sustancias controladas, así como violaciones relacionadas con armas de fuego. La investigación fue llevada a cabo por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en colaboración con la Policía de Puerto Rico y el apoyo de la Fuerza de Choque de Aguadilla.

“Las entidades criminales como la que desmantelamos hoy perjudican a nuestras comunidades a través del tráfico de drogas y la violencia”, declaró el fiscal federal W. Stephen Muldrow en un comunicado. “Continuaremos dirigiendo nuestros recursos para eliminar a los miembros de pandillas violentas de las comunidades, permitiendo así que los ciudadanos puedan vivir en paz”, añadió.

La acusación sostiene que, desde 2015, la organización estaba involucrada en el tráfico de cocaína, crack y marihuana en las cercanías del residencial La Montaña en Aguadilla, generando ingresos significativos. Los acusados manejaban puntos de venta de drogas que cambiaban constantemente de ubicación para evadir la detección de las autoridades, utilizaban mascarillas para ocultar sus identidades y solicitaban identificación gubernamental a los compradores.

Los miembros de la pandilla desempeñaban diferentes roles como líderes, ejecutores, vendedores y facilitadores, empleando la violencia para amedrentar a competidores y mantener el control sobre sus propios miembros. Ocho de los acusados también enfrentan cargos por posesión de armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico.

En caso de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que van desde 10 años hasta cadena perpetua, además de la posible confiscación de propiedades valoradas en 6.8 millones de dólares.

Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

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